Javier García, Alcalde de Arnedo, participó esta mañana como vocal en el pleno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), órgano permanente para la colaboración entre el Gobierno de España y los Ayuntamientos, que entre otras funciones tiene la de emitir informes sobre Anteproyectos de Ley o efectuar sugerencias al Gobierno de la Nación sobre previsiones de los Presupuestos Generales del Estado que afecten a las Entidades Locales. Javier García es uno de los doce alcaldes de toda España en representación de los Ayuntamientos españoles en dicho órgano.

El Gobierno se ha comprometido a aprobar, con la mayor urgencia, un Decreto Ley que autorice a los Gobiernos Locales a utilizar cuanto antes los casi 5.000 millones de euros de superávit que estos alcanzaron en 2019. Con este compromiso, ha dado respuesta positiva a una de las principales demandas de la FEMP y con ello, en palabras del Presidente, Abel Caballero, “nos permitirá mayor capacidad de inversión cuanto antes empecemos a hacerlo”.

Así se ha acordado esta mañana en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), celebrada esta mañana en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, bajo la presidencia de su titular, Carolina Darias, y de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con la participación de los representantes de la Administración Local encabezada por el Presidente de la FEMP; una reunión de la que, señaló García, “salimos satisfechos”. Las Ministras han subrayado el relevante papel que juegan los Gobiernos Locales en la construcción del Estado del Bienestar.

En la CNAL, la primera de esta Legislatura, y en línea con el planteamiento de la FEMP, que pedía “flexibilizar la forma de hacer esta autorización” de uso del superávit, se prorrogarán a más de un año las normativas que marcan el catálogo de Inversiones Financieramente Sostenibles -que hasta ahora se han venido fijando con carácter anual-, una cuestión que facilita a los Consistorios la inversión en sus territorios.

Además de esta cuestión, en la CNAL se han aprobado los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, que han quedado fijados en el 0%, el 1,9% sobre PIB y el 2,9%, respectivamente, tres valores que el también Alcalde de Vigo ha considerado “perfectamente realizables” para los Ayuntamientos.

Sobre el objetivo de Regla de Gasto se ha pasado de una previsión inicial del 2,8% al 2,9%, finalmente aprobado. Con esta medida, idéntica a la planteada a las Comunidades Autónomas, el Ejecutivo busca minimizar el impacto del IVA de 2017. A juicio de García, la diferencia es que los Gobiernos Locales disponen con sus remanentes de recursos que pueden utilizar. En sus declaraciones a los medios, el Presidente de la FEMP aseguró que, no obstante, la FEMP presentará al Ministerio de Hacienda una propuesta sobre IVA consensuada.

Otro de los temas abordados esta mañana en la reunión ha sido el relacionado con el gasto que los Gobiernos han de afrontar por tener sus depósitos -más de 25.000 millones de euros- en las entidades bancarias. Desde la Federación se han propuesto al Gobierno diferentes fórmulas que el Ejecutivo se ha comprometido a estudiar para responder lo antes posible.

García también ha valorado positivamente la disposición del Ejecutivo a acelerar en el Congreso de los Diputados la tramitación de la normativa sobre plusvalías municipales para adaptarla a las exigencias de las Sentencias de los Altos Tribunales y acabar con la inseguridad jurídica en este ámbito.

Finalmente, según manifestaron tanto el Presidente de la FEMP como las Ministras, la reforma de la financiación local de manera paralela y simultánea a la reforma de la financiación autonómica se mantiene como compromiso de la legislatura.

El Alcalde, que pudo conversar con las Ministras María Jesús Montero, de Hacienda, y Carolina Darías, de Política Territorial, les trasladó la necesidad de potenciar la autonomía local de los ayuntamientos, así como mejorar la financiación local, así como el empleo de los recursos que los ayuntamientos tienen en entidades financieras para implementar inversiones que generen riqueza y mejoren a su vez los servicios públicos prestados.